El pedido está basado en un informe de Gendarmería que da cuenta de la aceleración de las obras y, según el comunicado de la Procuración del Tesoro, organismo patrocinador de la solicitud, la presentación "se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que se requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte de zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975".

Añade que "esta causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado Nacional contra la provincia de Corrientes, tendiente a que ésta presentara los informes técnicos y antecedentes necesarios para que los organismos nacionales competentes pudieran evaluar el impacto que el proyecto tendría sobre el medio ambiente, sin embargo esa información aún no ha sido brindada".