El Consejo Constitucional, institución que se pronuncia sobre la conformidad de las leyes, "rechazó el conjunto de las quejas" presentadas el 2 de noviembre por más de un centenar de diputados y senadores del opositor Partido Socialista francés.

Los legisladores socialistas rechazaban básicamente la constitucionalidad de los dos artículos principales referidos al aumento de 60 a 62 años de la edad mínima de jubilación y de 65 a 67 años la edad para cobrar una jubilación completa.

El Constitucional consideró que los artículos puestos en tela de juicio "son conformes a la Constitución" y "se limitó a censurar (13) artículos agregados mediante enmiendas, relativos a la medicina laboral que no estaban relacionados con el proyecto de ley inicial", precisa el texto de esa instancia.

Según los socialistas, el proyecto de ley aprobado definitivamente por el Parlamento el 27 de octubre pasado "atenta contra los principios de igualdad" de las personas ante la ley.

La reforma, rechazada por más del 70 por ciento de los franceses que la consideran "injusta", provocó un vasto movimiento de protesta en Francia con ocho jornadas nacionales de manifestaciones y huelgas que sacaron a las calles hasta 3,5 millones de personas según los sindicatos y 1,2 millones según la policía. Tras la decisión del Consejo Constitucional, el presidente Nicolas Sarkozy tiene 15 días para promulgar la ley.

Según el Consejo Constitucional, los legisladores "no desconocieron el principio de igualdad ni la exigencia constitucional relativa a una política de solidaridad nacional en favor de los trabajadores jubilados", al aumentar la edad mínima a 62 años. Tampoco "es contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres" el incremento a 67 años para cobrar una jubilación completa.

Cinco sindicatos franceses, entre éstos los dos más importantes (CGT y CFDT) llamaron a una novena jornada nacional de movilización para el 23 de noviembre que incluirá concentraciones, huelgas, actos y manifestaciones.