La Sala Dos del tribunal de alzada, con votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el sobreseimiento del ex mandatario de los delitos de homicidio y lesiones culposas, que por segunda vez dictó el juez Claudio Bonadio y había sido apelado.

En cambio, el camarista Horacio Cattani votó por revocar el sobreseimiento y volver a procesar a De la Rúa, quien siempre declaró que se enteró por "Crónica TV" que había muertos en la Plaza de Mayo y sus alrededores por la represión policial.

El nudo de la resolución judicial radicó en establecer la responsabilidad que cabría a De la Rúa por haber decretado el estado de sitio en la noche del 19 de diciembre, como un intento de frenar las manifestaciones de protestas que rodeaban a la Casa Rosada. Aquella decisión desató los 'cacerolazos' en varios barrios de Buenos Aires y aumentó la protesta en Plaza de Mayo y adyacencias, hasta que al día siguiente efectivos de la Policía Federal reprimieron a escopetazos y cinco manifestantes cayeron muertos.

Para los camaristas Irurzun y Farah, el haber decretado el estado de sitio no coloca a De la Rúa en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, y el entonces Presidente podía confiar en sus subalternos. En concreto, sostuvieron, que por el principio de confianza el mandatario podía delegar en los entonces secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y ministro del Interior, Ramón Mestre, el control de la acción policial y la información del caso.

Sin embargo, para el camarista Cattani, el Presidente tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, máxime cuando desde el Gobierno se fijó que el objetivo de la actuación policial era impedir la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo. Y también descartó que De la Rúa pudiera invocar en su favor la aplicación del principio de confianza para desligarse de responsabilidad, por lo que tenía el deber de controlar y supervisar el desempeño de las fuerzas policiales y de los funcionarios de su Gobierno encargados del área de seguridad interior.