El embargo se habría dispuesto ante el riesgo de que Díaz Ferrán y Pascual pudieran dejar de tener bienes suficientes para cubrir el déficit patrimonial de la empresa turística por su implicancia en otros procedimientos judiciales.

En la presentación judicial, la jueza en lo Mercantil de Madrid, Ana María Gallego, señala que los "abultados impagos que acumulaba Marsans, y que le impedían cubrir gastos estructurales, obligaron a sus acreedores a solicitar que se declarara en concurso necesario".

Gallego destaca ciertas decisiones que "contribuyeron a agravar la insolvencia de Marsans meses antes de que se declarara insolvente", entre ellos, la contratación de numeroso personal vinculado a Posibilitum. A la jueza le resulta difícilmente explicable que "dada la situación económica de la concursada se contratara a una serie de personas con salarios desproporcionadamente altos, que oscilaban entre 150 mil y 500 mil euros brutos".

Además le sorprende que Díaz Ferrán y Pascual se dieran de alta como trabajadores de la empresa días antes de pedir el concurso. Por otra parte, los nuevos dueños de Marsans -Posibilitum- habrían perjudicado los activos, con decisiones como la venta de la filial del grupo en Brasil.