Ghailani, un tanzano de 36 años, fue declarado "no culpable" de 285 cargos, incluyendo la acusación de haber planeado con Al Qaida los atentados contra las embajadas de Tanzania y Kenia, que dejaron 224 muertos.

El jurado, que deliberaba por quinto día tras un juicio de cuatro semanas, encontró sorpresivamente a Ghailani culpable sólo del cargo de conspiración para destruir edificios de propiedad estadounidense. Como parte de ese cargo, el jurado de 12 ciudadanos también debió considerar si la conducta del acusado causó la muerte de personas y su respuesta fue positiva.

El juicio contra Ghailani era considerado como un test para la política del gobierno del presidente, Barack Obama, consistente en clausurar la cárcel de Guantánamo para los prisioneros de la "guerra contra el terrorismo" y trasladarlos a Estados Unidos para ser juzgados en cortes civiles.

Los adversarios de esa política habían cuestionado la capacidad de las cortes norteamericanas para juzgar los casos, mientras que otros observadores pusieron en tela de juicio que los mismos sean juzgados como sospechosos comunes luego de que fueran privados durante años de sus derechos.

El portavoz del departamento de Justicia, Matthew Miller, calificó de positivo el fallo. "Respetamos el veredicto del jurado y nos complace que Ahmed Ghailani sea ahora pasible de al menos 20 años de cárcel y potencialmente cadena perpetua por su papel en los atentados contra las embajadas", dijo.

Durante el juicio de cuatro semanas, los fiscales presentaron a Ghailani como un conspirador que ayudó a Al Qaida a preparar los camiones con explosivos que destruyeron casi simultáneamente a las embajadas en Kenya y Tanzania, matando a 224 personas e hiriendo a miles.

El abogado defensor ,Peter Quijano, mediante un destacado papel en el juicio y alegato de cierre, cuestionó la credibilidad de los testigos presentados por el gobierno y describió a Ghailani como un inocente utilizado por Al Qaida.

El veredicto se produjo luego de que al inicio del juicio el juez, Lewis Kaplan, decidiera excluir a un testigo clave de la fiscalía. El testigo, Hussein Abebe, debía admitir que había vendido a Ghailani los explosivos utilizados en los atentados.

Sin embargo, Kaplan dictaminó que el testimonio no era aceptable porque Abebe había sido localizado por agentes norteamericanos a través de información suministrada por Ghailani en interrogatorios "severos" bajo custodia de la CIA, es decir, según la defensa, mediante tortura.

El dictamen socavó los argumentos de la fiscalía y puso en tela de juicio la legitimidad de aplicar el sistema legal norteamericano a acusados ex detenidos en cárceles secretas de la CIA donde fueron sometidos a tortura.