La prórroga significa que "algo más de 2000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados sus derechos", dijo el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, que fue el encargado de explicar a la cámara la solicitud del Ejecutivo. En una situación similar a la que se vivió hace casi dos semanas "las consecuencias para el país serían catastróficas, demoledoras", aseguró.

El decreto del estado de alarma por primera vez en la historia reciente de la democracia española movilizó a los controladores y los situó bajo las órdenes y la ley militares. Rige durante 15 días, que finalizan el próximo sábado, y ante la proximidad de las fiestas navideñas, el gobierno decidió pedir la prórroga al Congreso de los Diputados, que según establece la Constitución es el que puede extender la medida en el tiempo.

La prórroga se acordó gracias a que los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) sumaron sus votos a los del gobernante Partido Socialista (PSOE), si bien advirtieron de que no volverán a darlos para una nueva prórroga.

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy se abstuvo. "No puede respaldar la solicitud de prórroga, pero tampoco rechazarla", dijo su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que la petición de prórroga demuestra la "incompetencia" e "incapacidad" del gobierno. La izquierda parlamentaria votó en contra de la medida.

"El sistema aeroportuario español aún no está normalizado", explicó Jaúregui en una sesión a la que en contra de lo inicialmente previsto acudió Zapatero antes de viajar a Bruselas al Consejo Europeo. Las "circunstancias que provocaron" el decreto del estado de alarma "aún se mantienen", dijo el ministro de la Presidencia.

En la tarde del viernes 3 de diciembre la mayoría de los controladores del país comenzaron a ausentarse masivamente de sus puestos de trabajo, obligando al cierre del espacio aéreo del país durante unas 20 horas y generando un caos que afectó a más de 650.000 pasajeros y dejó pérdidas de cientos de millones de euros.

Ni un ultimátum del gobierno ni la posterior militarización del control aéreo civil lograron que los controladores volvieran a trabajar. Sólo el decreto del estado de alarma el sábado 4 de diciembre lo consiguió.