En la causa, el juez Oyarbide investiga las obras de construcción de un gasoducto, que “habrían sido contratadas y llevadas a cabo por valores que serían superiores a aquellos establecidos en los proyectos inicialmente presentados por ambas licenciatarias, y aprobados por la autoridad de aplicación, sin aparente criterio de razonabilidad para la validación de dicho incremento, lo cual no habría tenido correlato con los costos vigentes al tiempo de contratación, y que comportaran el pago ilegítimo de sobreprecios a los contratistas”.

Según el juez “dichas maniobras habrían permitido la obtención de sumas dinerarias que habrían ingresado ilegítimamente al patrimonio de los funcionarios públicos y/o de aquellas personas que formaran parte integrante de las empresas que a la postre fueran adjudicatarias de las obras indicadas y/o de otras que contrataran o se hallaban vinculadas a estas”.

“Todo ello, en perjuicio del fideicomiso financiero, del Estado Nacional, de los aportantes que constituyeron el fideicomiso (inversores privados, públicos, y préstamos del exterior) y/o de los usuarios del servicio regulado de transporte y distribución de gas por vía de la imposición de mayores cargos tarifarios en la facturación”, agrega el fallo.