La cantidad de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se incrementó significativamente durante el año pasado, elevándose esa cifra a casi dos centenares de imputados por gravísimas violaciones a los derechos humanos.

El informe suministrado por la "Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado" incluye las últimas estadísticas hasta el 29 de diciembre de 2010. En en él se destaca la preocupación por las excarcelaciones de acusados.

El relevamiento señala que en 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 represores, con 110 condenas y nueve absoluciones, en tanto recuerda que hasta 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar 2009 ese número ascendió a 98 y el año pasado la cifra de condenados aumentó a 196.

"Los avances logrados durante este año muestran que ha aumentado a 820 la cantidad de personas procesadas, de las cuales 353 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio", indica el trabajo, y añade que "a su vez existen requerimientos de elevación a juicio de 160 personas procesadas".

Entre los condenados están los máximos militares que realizaron el golpe el 24 de marzo de 1976, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla y sus comandantes de las diversas áreas en que se dividió el país durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

El informe no oculta su preocupación porque de 196 condenados que hay hasta el momento "sólo 41 de ellos registran condenas firmes" y el resto está "en instancias de revisión (recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia)".

"El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal", advierte el documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento.

Allí también se aclara que "a fines del año 2009 la proporción de procesados en situación de libertad era de 29,50 por ciento" mientras que "en la actualidad ese porcentaje se incrementó a un 42,79 por ciento" pese a que la mayoría de ellos (58 por ciento) "son personas menores a los 70 años".

"Esta disminución en la proporción de los procesados que se encuentran con prisión preventiva se explica, principalmente, en el cambio de criterio de algunos tribunales -particularmente, la Cámara Nacional de Casación Penal- acerca de la evaluación de los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva", afirma el texto.

En esa línea, enfatiza que "este fenómeno es notoriamente perceptible durante el último año, cuando se ha dictado la excarcelación de una gran cantidad de personas" fundamentalmente por parte de la Cámara de Casación.

"En la mayoría de los casos, esto (las excarcelaciones de los represores) ha ocurrido pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal. Varios planteos en este sentido fueron llevados a la Corte Suprema de Justicia" que revocó "numerosas sentencias excarcelatorias dictadas por la Cámara de Casación".