Mediante un escrito de 14 carillas, los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas, quienes patrocinan la presentación, imputan a Otero pot "mal desempeño en sus funciones" lo que entienden es causa para su remoción.

"A esta altura de los acontecimientos la única vía de escape frente a la patética privación de justicia es dar intervención al órgano de contralor constitucional, aguardando que de una vez se restablezcan las garantías mínimas que nuestro estado de Derecho exige en la sustanciación de una causa penal", sostuvieron las Madres.

En el escrito se califica la conducta de Otero como "un obrar pretendidamente jurisdiccional, que desmerece los derechos y garantías constitucionales de las víctimas de un obrar delictivo que por la trascendencia adquirida y por su propia naturaleza profanadora de los códigos de convivencia".

"No se auspicia un juzgamiento de la actividad del magistrado en razón de la exhibida disparidad de criterios jurídicos con los postulados por la querella", sostuvieron los denunciantes.

En ese sentido explicaron que "muy por el contrario, se advierte una patente privación de jurisdicción en no atender seriamente el argumento constitucional, de ’conocer, antes de decidir’".

El eje fundamental del pedido estriba en que Otero se negó a detener al presunto "barrabrava" Julio Capella, quien en los incidentes aparecía esgrimiendo un arma de fuego, aunque en su declaración aseguró que era de juguete.

El juez dictó su "falta de mérito", pese a las imágenes televisivas que muestran a Capella en actitud de disparar. Otero afirmó que "no está acreditado que hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un solo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis".

"No admite discusión que el propósito institucional del control republicano a través del juicio político alude principalmente a evitar un desvarío funcional que en la mayoría de los casos está enlazado a la comisión de algún delito tipificado en la ley penal" se afirma en el pedido de remoción presentado por las Madres.

En el texto se reclama "la constitución del tribunal de enjuiciamiento que tendrá a su cargo el examen de las causales de juicio invocadas" y que ese cuerpo deberá disponer "la oportuna remoción del magistrado por la causal de mal desempeño en sus funciones".

También requieren que se ordene "la remisión a la justicia penal de todo lo obrado a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública" por parte del cuestionado juez.