Floridia está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con amenazas y violencia con una duración mayor a un mes, con imposición de tormentos en perjuicio de dos víctimas.

La semana pasada la Cámara y jueces de primera instancia revocaron las excarcelaciones de medio centenar de presuntos represores acusados de crímenes de lesa humanidad que había sido liberados en forma masiva.

Esa decisión fue tomada por los jueces Alcindo Álvarez Canale y Eduardo Tentone, que aceptaron la apelación que presentó el fiscal Abel Córdoba para revocar las excarcelaciones.

Tres de las revocatorias fueron ordenadas por la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad, mientras que las 47 restantes, por jueces de primera instancia, precisó el Centro de Información Judicial.

Se trata de ex represores, pertenecientes al Ejército y la Armada, que deberán volver a prisión, entre los que se encuentran el contralmirante retirado Carlos Alberto César, Busser y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue jefe de la infantería de marina y secretario general naval en 1978.

Esos sospechosos habían sido liberados gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal que indicaba que los procesados no podían seguir tras las rejas sin ser sometidos a juicio por un período mayor a tres años, pero la Corte Suprema de Justicia avaló mantener las prisiones preventivas en los casos en donde se justifique la complejidad de la investigación judicial, los riesgos de fuga y la gravedad de los delitos imputados.

Así lo dispuso el máximo tribunal en fallos dictados el 30 de noviembre pasado sobre acusados por los delitos de la ESMA al hacer lugar a un planteo del procurador adjunto Luis González Warcalde, que evocó que las estructuras de poder que integraron los acusados podrían ser utilizadas para eludir la investigación y citó como ejemplo la desaparición del testigo Julio López y la muerte del prefecto Héctor Febres.

Álvarez Canale tiene en sus manos la investigación sobre los crímenes que se cometieron en el Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, mientras que el juez federal ad hoc Tentoni está a cargo de los delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada.

La Unidad de Coordinación y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal evaluó que la decisión tomada en Bahía Blanca, en base a un fallo de la Corte Suprema, puede sentar precedentes en otras jurisdicciones del país para revertir el aumento de excarcelaciones registrado durante 2010.

Tal como indicó la Unidad Fiscal de Coordinación en un reciente informe, al término de 2010 sólo el 57,21 por ciento de los procesados se encontraba en prisión preventiva, cuando a fines del 2009 era el 70,50 por ciento el total de procesados que estaba tras las rejas.