El juez Ricardo Miguez ordenó la detención de otras 40 personas, pero el abogado defensor de las familias, Gustavo Salles, se quejó de que la medida es "arbitraria" y "sin ningún criterio".

"¿Por qué no se detuvo a todos? No entiendo al Poder Judicial uruguayo. No había inconvenientes para que fueran emplazadas para mañana, había clima de diálogo y de comparescencia de los ocupantes" afirmó el abogado.

Los ocupantes reiteraron hoy que son "gente de trabajo" y que su movilización ha sido pacífica, sin intenciones de generar hechos de violencia. "Estamos sorprendidos por la repercusión que ha tenido el caso", dijo un hombre ante las cámaras de la televisión local.

"¿Qué necesidad de privar de libertad a estas personas? No mataron ni robaron a nadie", agregó Salles, que desde el primer momento asumió la representación legal de las 250 familias.

El predio ya estaba siendo dividido y algunas personas estaban construyendo viviendas precarias, a la vez que reclaman del gobierno alguna solución "inmediata" al problema habitacional que padecen.

La falta de vivienda es uno de los problemas admitido por el actual gobierno del presidente uruguayo José Mujica, que ha sugerido la idea de recurrir a la formación profesional de soldados para que trabajen también en la industria de la construcción.