En el marco de allanamientos solicitados por el fiscal Mariano Moyano y con el apoyo de la DDI de Mar del Plata, la cartera laboral provincial y Migraciones inspeccionaron viviendas particulares que tenían talleres en el fondo.

Allí, se detectó que "en ningún caso se cumplía con las condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo, no existían baños ni vestuarios, no se les realizaron los exámenes preocupacionales, no poseían cobertura de ART, ni se les entrega elementos de protección personal".

En total se encontraron 16 máquinas "que no contaban con las protecciones correspondientes para evitar el riesgo de atrapamiento, lo que ponía en riesgo además a los niños de entre 3 y 5 años que convivían con sus padres en el lugar".

La cartera laboral explicó que "las instalaciones eléctricas eran deficientes con cables sueltos y sin la existencias de tableros ni disyuntores", y que "tampoco existían matafuegos a pesar de la carga de fuego que conlleva el material almacenado, así como salidas para caso de emergencia".

Los 11 trabajadores relevados en ambos lugares cumplían un horario de trabajo de 7 a 21, por lo que percibían una remuneración mensual de mil pesos, ya que los titulares del lugar le descontaban el valor de la comida y el alojamiento.