Una casilla precaria con cuchetas donde duermen los trabajadores en condiciones infrahumanas.
Imagen: Eduardo Delapá.

Se efectuaron dos nuevos procedimientos en la zona de San Pedro, por condiciones que el fiscal calificó como de “por lo menos, explotación laboral extrema”. En un establecimiento, 26 trabajadores santiagueños “vivían en condiciones insalubres y se desempeñaban sin adecuadas medidas de protección en la cosecha de guinea”, planta cuyas emanaciones afectan la piel. Según la reconstrucción efectuada por funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial, los trabajadores –ciertamente “en negro”– entraron en conflicto porque el patrón les pagaba menos de lo pactado, y todo estalló cuando el capataz les negó hacer un alto en el trabajo para lavarse. Exclamando “¡No somos esclavos!”, siete de ellos decidieron irse; el patrón no les pagó los días trabajados y, casi sin dinero, caminando en la ruta, fueron encontrados por una camioneta de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre), que formuló la denuncia. En otro establecimiento, los trabajadores explotados eran de la cercana localidad de Gobernador Castro. A diferencia de casos como el de la firma Nidera, los acusados son empresarios nacionales; un representante de la Sociedad Rural de San Pedro salió a defenderlos contra el “circo mediático”.

Uno de los establecimientos se halla en Santa Lucía, a 37 kilómetros de San Pedro, tiene 90 hectáreas y es propiedad del empresario conocido en la zona como el “Cachi” Martínez. Allí se desempeñaban 26 trabajadores que habían llegado de Santiago del Estero por sus propios medios. “Vivían en condiciones muy precarias, en una casilla y, algunos, en un colectivo en desuso, cuyas aberturas estaban tapadas con telas de plástico; dormían en colchones sobre el suelo”, señaló el fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás–. Paula Taurizano, delegada en San Pedro del Ministerio de Trabajo bonaerense, observó que “uno de ellos tenía 17 años y no contaba con autorización de sus padres”.

De la guinea se obtiene la paja que se usa para hacer escobas y un grano con el que se elaboran alimentos balanceados. En el campo de Santa Lucía, “el patrón introdujo una maquinaria que permite hacer fardos tres veces más grandes, pero insistía en pagar a los trabajadores la misma suma que antes –explicó Taurizano–. Ellos se quejaron, pero el conflicto estalló por una discusión con el capataz: la guinea despide un polvillo que causa picazón, lo cual requiere medidas de protección que no se daban en este caso; los trabajadores pidieron agua para enjuagarse pero el capataz no los dejó interrumpir la actividad”.

Siete de ellos decidieron retirarse. El patrón se negó a pagarles los días trabajados. Se fueron igual. Habían escuchado que en otro campo cercano había trabajo. Juntaban, entre todos, 50 pesos. Decidieron buscar un medio de transporte y, ya sin dinero, caminar. Así, en la ruta, los encontró una camioneta de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que hacía inspecciones en la zona. Los recogió e hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.

En el segundo establecimiento, de 20 hectáreas, se desempeñaban once trabajadores de la zona de San Pedro. Todos ellos provienen de la cercana localidad de Gobernador Castro, pero residían en el predio, en malas condiciones de higiene y seguridad.

En ambos casos, “procuramos conciliar. Nos interesa preservar, en el marco de la legalidad, estas actividades, que ocupan mucha más mano de obra que cultivos como la soja. A los trabajadores de Santa Lucía, el patrón aceptó pagarles los días trabajados y el viaje de vuelta a Santiago del Estero. En el otro establecimiento, el productor se comprometió a regularizar la situación laboral y a trasladarlos todos los días desde y hasta sus casas, de modo que no sigan durmiendo en el predio”, contó Taurizano.

Por su parte Raúl Víctores, representante de la Sociedad Rural de San Pedro, rechazó estos procedimientos, que consideró “un circo mediático”. Hace unos días, cuando se efectuaron procedimientos en un establecimiento de la firma Nidera, la Sociedad Rural sampedrina había advertido que “aprovechar este tipo de situaciones para presentar facturas contra todos los productores es una actitud ruin”.

Según el fiscal Giagnorio, “el caso de Santa Lucía se encuadra como reducción a la servidumbre o, por lo menos, explotación laboral severa. Se puede hablar de reducción a servidumbre cuando, como en este caso, el empleado decide retirarse y el empleador se niega a pagarle los días trabajados, sumado esto a condiciones de vida indignas. De hecho, los siete que se fueron decían: ‘No somos esclavos...’. La explotación laboral severa concierne a situaciones extremas, como la de quien no recibe elementos de seguridad o debe comprarle la comida a precio de oro al empleador. En distintos países, como España, la explotación laboral severa es delito. En la Argentina ya hay proyectos de reforma del Código Penal que la incluyen”.