Según la decisión ministerial, tras el relevamiento de las máximas autoridades de la seccional del noroeste del conurbano, a cargo de la misma quedará el comisario inspector Claudio Ignacio Chirino. Los quince policías cesanteados quedarán a disposición del fiscal de la causa, Marcelo Sendot, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín.

Además, Casal adelantó que funcionarios de su cartera y el jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, se reunirán mañana a las 9 con familiares de los jóvenes asesinados, Franco Almirón (16) y Mauricio Ramos (16). De la reunión participarán el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio.

Los resultados de las autopsias sobre los cuerpos de los adolescentes demostraron que presentaban impactos de postas de guerra (plomo), disparadas con escopetas calibre 12/70, las mismas que utiliza la Bonaerense, y que habrían sido efectuados a corta distancia.

En tanto, el fiscal Sendot ya les tomó declaración a alrededor de 50 testigos, entre ellos una mujer de identidad reservada, que fue quien más datos aportó a la investigación. "La mujer declaró que primero llegaron unos pocos policías que tiraban con postas de goma, pero luego se fueron y cuando regresaron, empezaron a tirar con perdigones de plomo", reconoció una fuente de la causa. La testigo agregó que ese momento coincidió con la presencia de un grupo de traficantes, que maneja el negocio de la droga en la Villa de la Cárcova, que empezó a disparar contra los policías, pero todos tenían armas cortas y, de hecho, las vainas de los proyectiles fueron encontradas.

Otro de los datos que se pudo corroborar es que los adolescentes asesinados no estaban armados y al momento del descarrilamiento del tren iban a buscar cartones en bicicleta al basural del Ceamse, junto con Joaquín Romero (19), quien permanece internado.