Además, el ex ministro de Salud bonaerense desmintió que la cartera a su cargo haya comprado medicamentos mediante procedimientos "centralizados a las droguerías que hasta el momento se encuentran involucradas en la causa". En su declaración de más de dos horas, Zin detalló los circuitos que siguen los expedientes de adquisición de medicamento en la administración del ministerio y, como ejemplo, hizo saber que durante su gestión, de dos años, firmó 30.000 expedientes, 18.000 resoluciones y disposiciones y 12.000 guías de trámite.

Respecto de las imputaciones contra Alberto Costa, ex subsecretario de Fiscalización y Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires y el único funcionario del ministerio involucrado en la causa, sostuvo que "no ostentó nunca el cargo de viceministro de salud". Asistido por sus abogados, Roberto Ribas y Luis Dobniewsky, Zin entregó al juzgado un extenso escrito y accedió a responder todas las preguntas y brindó amplias explicaciones sobre los hechos investigados.

La citación al ex ministro de Salud fue dispuesta por el juez Norberto Oyarbide en una nueva ronda de indagatorias que incluye al empresario Néstor Vázquez y a Enrique Dratman, en tanto el actual embajador en Chile, Ginés González García, fue convocado como testigo.

En estas actuaciones la semana anterior la Sala II de la Cámara Federal volvió a denegar la excarcelación de Zanola, su compañera, Paula Margarita Aballay, y la ex subdirectora del Policlínico Bancario Susana Griselda Fiona.

En la "megacuasa" en la que hay una decena y media de detenidos y más de cuarenta procesados, siguen en prisión, además de Zanola, Aballay y Fiona, el dueño de la Droguería San Javier, Néstor Lorenzo; su directivo Carlos Torres, el titular de la droguería Arcasel, Ricardo Bruno, y su pareja, Vanina Beatriz Postigo, entre otros.

Ayer, Oyarbide pidió que le remitan los expedientes sobre la investigación que se desarrolla por el avión de la empresa Medical Jet secuestrado en España con 944 kilos de cocaína y el homicidio del gremialista Roberto Rodríguez, para determinar si tienen puntos de conexión con la que el tramita por la venta ilegal de medicamentos.