La llamada "Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional" fue creada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de una resolución firmada en diciembre último.

En los considerandos, Martínez afirma que "la tortura, la violencia institucional y las condiciones inhumanas de detención que pueden producirse durante las privaciones de libertad o durante otras intervenciones de agentes estatales en espacios públicos, constituyen algunas de las más graves afrentas contra la vigencia de los derechos fundamentales".

Según el protocolo de actuación que se fijó, se deben informar las torturas ocurridas en unidades de detención del Servicio Penitenciario Federal, en escuadrones de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval así como en comisarías de la Policía Federal.

También están incluidas las cárceles provinciales, cuando las víctimas se encuentren a disposición de la justicia federal. Además, deben registrarse hechos ocurridos en la vía pública cuando fueran ejecutados por funcionarios de las mismas fuerzas y también de la Policía Metropolitana, que actúa en la Capital Federal.

Tras tomar conocimiento del hecho, los defensores deben colocar los datos en una planilla y remitirla en sobre cerrado al secretario de la Unidad, en un plazo no mayor a tres días corridos de ocurrido el hecho o del momento en el cual obtienen la información.

Además, los defensores tienen que adoptar todos los recaudos para resguardar la integridad psicofísica de la víctima y cuidar que no quede expuesta a represalias. El defensor debe hacer saber al secretario de la Unidad si el juez correspondiente fue notificado de los hechos y si se interpuso habeas corpus, con qué argumentos y el estado del trámite.

También, en caso de ser viable, debe procurar obtener fotografías o videos de las lesiones sufridas, así como del lugar de los hechos. La nueva unidad registrará también situaciones de deficiencia estructural en las condiciones de detención que ocurran en los lugares incluidos en la esfera de su competencia y deberá intervenir cuando esto se convierta en "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Toda la información recabada e informada a la unidad será derivada al programa o comisión que corresponda y, con posterioridad, se deberá realizar un informe anual exhaustivo sobre todo lo actuado en esta materia.