Ayer Héctor Capaccioli fue responsabilizado de los delitos de "malversación de caudales públicos" y "abuso de autoridad", y el mismo juez le impuso un embargo de 500 mil pesos, por el supuesto reparto arbitrario de 48 millones de pesos entre 52 obras sociales. Además, lo acusó de utilizar de manera irregular dineros de la SSS para gastos de representación y regalos.

El Centro de Información Judicial (CIJ) -órgano oficial de difusión de las noticias judiciales que funciona en el Palacio de Tribunales- informó que Oyarbide había dictado el nuevo procesamiento de Capaccioli y dispuesto un segundo embargo por 10 millones de pesos, aunque no dio a conocer el contenido del fallo. A Capaccioli se le adjudican los delitos de "asociación ilícita (en carácter de miembro), defraudación a la administración, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento y lavado de activos", preció la información.

En la causa figuran al menos 15 conversaciones telefónicas entre Lorenzo -considerado uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita- y ex Superintendente de Salud y recaudador de la campaña "K", que lo comprometerían seriamente en la causa. En la misma resolución, Oyarbide dispuso los procesamientos sin prisión preventiva de Hernán Diez (por encubrimiento y lavado de activos), y de Sebastián Gramajo (por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento), y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 620.000 y 700.000 pesos, respectivamente. Además, el magistrado resolvió ampliar el procesamiento de Gabriel Brito por encubrimiento, y dispuso un embargo de 620.000 pesos sobre los bienes del empresario.

Brito, actualmente excarcelado, declaró durante su indagatoria que a pedido de Néstor Lorenzo, dueño del laboratorio San Javier, entregó cheques por 310.000 pesos que fueron a parar, sin su aval, a la lista de aportantes a la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria. En su descargo reveló cómo se realizaban maniobras económicas para cobrar reintegros del Estado y dio nombres de ex funcionarios y empresarios vinculados con la causa.

Brito aseguró que Capaccioli y Lorenzo "hacían negociados" para desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, y detalló que una de esas formas de supuesta estafa era falsificar recetas o historias clínicas, a las que se adjuntaban troqueles "truchos" para cobrarle al Estado remedios por tratamientos inexistentes.