Torres dio por clausurada la instrucción que había empezado en el 2003 de la mano del desplazado juez Juan José Galeano y, mediante una resolución de más de 70 páginas, elevó la causa a juicio después de casi ocho años de investigación.

Ahora, Giacomino y los demás imputados están acusados por "la realización de diversas maniobras dirigidas a obtener un beneficio indebido de la administración pública mediante múltiples conductas engañosas y fraudulentas".

"Los funcionarios públicos, habrían efectuado gestiones para otorgar diversas contrataciones y compras directas, como así también licitaciones, direccionadas en favor de distintas personas y empresas" con las que mantenían vinculación, dice la resolución del juez Torres.

Entre las operaciones bajo sospecha aparecen planes de informatización y de infraestructura edilicia, así como servicios para la obra social, que habrían sido contratados sin cotejo de precios con otras empresas, ni licitaciones, e incluso en algunos casos sin presupuesto.

Los delitos imputados a Giacomino y demás acusados contemplan penas que van de los dos a los seis años de cárcel. El caso fue promovido por una denuncia del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien echó a Giacomino por teléfono cuando éste se candidateaba en París para ser jefe de Interpol en octubre del 2003.

Giacomino había llegado a conducir la jefatura de la Policía Federal luego de los caóticos incidentes que se desataron en diciembre del 2001, con la salida del gobierno de Fernando de Rua, y se mantuvo al frente de esa fuerza hasta los primeros meses de la administración kirchnerista.

Según reveló en octubre el Gobierno, el jefe policial había contratado en forma directa la provisión de bienes y servicios informáticos para el hospital Churruca-Visca, por un monto de casi dos millones de pesos, a dos empresas relacionadas con sus familiares.

De acuerdo a la versión dada a conocer por Beliz, con el material que se pago por el alquiler de esos materiales se podría haber comprado dos equipos informáticos similares a los rentados y, además, las firmas que ganaron las contrataciones tendrían "vínculos notorios entre sí y con familiares del jefe de la Policía Federal".