La cadena de televisión Al Arabiya informó que los hijos del dictador que estarán bajo la lupa de la justicia internacional son Saif Saif al Islam al Khadafi, Jamis al Khadafi, y Moatassim al Khadafi.

El siguiente paso, en el marco del procedimiento habitual en la Corte Penal Internacional (CPI), será que la Fiscalía presente el caso (con pruebas documentales y testimonios) que sustenten formalmente la acusación. Una vez analizado ese material, que podría incluir fotografías, vídeos y testimonios de supervivientes de la represión por parte de las fuerzas leales a Khadafi, los jueces deben redactar un acta de acusación contra el dictador y después solicitar la emisión de una orden internacional de detención en su contra.

Por el momento, Moreno Ocampo aseguró que no puede afirmar con certeza cuándo se producirá la emisión del acta de acusación y la eventual orden internacional de detención contra los eventuales responsables de los crímenes analizados. No obstante, durante una entrevista con el periódico español "El País", el titular de la fiscalía de la CPI sí dejó claro que la orden de detención se producirá "lo antes posible, la rapidez es vital", señaló.

Una de las circunstancias que complica la investigación contra Khadafi es que el estatuto de la CPI, establecido por el Tratado de Roma en 1998, es reconocida sólo por 114 países del sistema de Naciones Unidas, pero no por seis de ellos, entre otros la propia Libia, Estados Unidos, China, Israel y Cuba. Hipotéticamente, el dictador libio podría intentar buscar refugio en alguno de ellos para evitar ser extraditado a La Haya.

Por último, Moreno Ocampo aclaró: "Tenemos informaciones según las cuales algunos grupos de la oposición también tienen armas. Si los grupos de oposición cometen crímenes, también serán investigados, nosotros vamos a ser imparciales. Tenemos un mandato para hacer justicia y la haremos. No habrá impunidad en Libia".

La decisión del tribunal de La Haya fue posible tras la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución 1970, que faculta a la CPI a investigar "la situación existente en Libia desde el 15 de febrero de 2011", cuando comenzaron las revueltas y la represión.