La organización adelantó que "el ecosistema del río Uruguay se sigue contaminando y subsisten las razones que motivaron la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde el Estado Nacional denunció el carácter ilegal y contaminante de Botnia".

Los asambleístas sostienen que de cumplirse el monitoreo sobre el río Uruguay "permitirá demostrar las alteraciones que produce una empresa que día a día arroja cada vez más sustancias tóxicas en el río y cuya producción ya ha afectado a la comunidad".

Paralelamente, fuentes judiciales informaron el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, reiniciará hoy la ronda de declaraciones indagatorias a los asambleístas que durante septiembre pasado cortaron la ruta nacional 136, que conduce al puente internacional.