Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

Por su parte, Luz Palmas Zaldua y Leonel Curutchague fueron los representante de la querella que se encargaron durante el alegato de establecer las relaciones entre el centro de detención y el Plan Cóndor. Entre las 65 víctimas del juicio hay 18 desaparecidas: 10 son argentinas, 3 uruguayas, 2 cubanas, 2 argentinas secuestrados en Bolivia y 1 chilena. Otros 6 argentinos fueron asesinados.

Además, los representantes resaltaron que la demora en los juicios por los delitos de lesa humanidad permitieron la muerte sin condena de “cuadros de las distintas fuerzas armadas y de seguridad con altos niveles de responsabilidad en el plan de exterminio”. El caso más reciente fue el de Rubén Visuara, jefe de la patota del centro clandestino, que murió a principio de año cuando estaba siendo juzgado en la causa.

Si bien el alegato fue realizado de forma conjunta, los querellantes se diferenciaron al momento de pedir las condenas a los imputados Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz,ex agente de la SIDE; Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; y Eduardo Ruffo, ex agente civil de inteligencia de la SIDE.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Yanzón, abogado representante de un grupo de familiares de víctimas; y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo. Mientras que Gonzalo Romero, que representa a un grupo de ciudadanos uruguayos, pidió 25 años de prisión para los cuatro acusados.

En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio porteño de Flores y estuvo bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.