Según el documento conjunto publicado por las organizaciones sociales reunidas en el Espacio No a la Baja para abrir las puertas a la audiencia, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil "está mal planteado", ya que "no se puede culpabilizar a los jóvenes de los negocios que involucran a los adultos ni el poder judicial no puede resolver problemáticas sociales".

Y denunciaron: “Es fácil culpabilizar a los jóvenes y plantear leyes más duras, en vez de revisar el sistema penitenciario, el accionar de la policía, de las mafias de la droga, de las autopartes. Mientras no se invierte en darle oportunidades a los jóvenes garantizándoles condiciones de vida digna para que no terminen rehenes de los circuitos delictivos".

La audiencia pública que comenzó a las 15 en la Sala I del Congreso de la Nación, contó con el respaldo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Abuelas de Plaza de Mayo, Foro de los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, Comité contra la Tortura y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre organizaciones, y legisladores de Proyecto Sur, Frente para la Victoria y GEN.

Los diputados Claudio Lozano y Liliana Parada, ambos de Proyecto Sur, participaron de la audiencia como autores de un proyecto ley con dictamen de comisión que establece que "en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general". El proyecto se contrapone con la iniciativa aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Parada advirtió en la audiencia que "el 60 por ciento de los jóvenes privados de su libertad provienen de institutos de menores" por lo que la baja de edad de imputabilidad "lejos de ser un remedio sigue siendo un castigo" para la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

Omar Giulani, referente de la organización Ruca Hueney, calificó la baja de la edad de imputabilidad como "una aberración social y jurídica". Durante la audiencia, agregó que "en lo social significa estigmatizar y criminalizar a los pibes y desde lo jurídico desoye las leyes internacionales sobre regresividad y progresividad. Bajar la edad de imputabilidad sería regresivo y no aseguraría los derechos a futuro".

Además, Giuliani resaltó: "¿Cuál es el sentido de insistir una ley en la que se castigue a los pibes cuando solo participan en el 4 por ciento de los delitos cometidos? Parece una venganza de clase contra ellos que son la principal denuncia de un sistema que funciona patas para arriba". Según el referente de Ruca Hueney, por el bombardeo mediático "algunos creen que la penalización es el único camino, pero las organizaciones sociales que trabajamos junto a los chicos somos un claro ejemplo de que existen otras posibilidades".

Durante el encuentro público, también se escucharon las adhesiones de referentes de la cultura como Teresa Parodi y Víctor Heredia. "Bajas la edad de imputabilidad es una medida que no sirve de nada. Debemos contener y sostener políticas de inclusión social para poder modificar una realidad tremenda que existe en nuestro país", apuntó Parodi.

También se escuchó la adhesión del conductor radial y periodista Victor Hugo Morales, quien indicó: "Me resisto a tomar los estereotipos que crean los medios dominantes sobre los jóvenes relacionándolos con la droga o el delito. Muchos de ellos están asechados por esos males de la sociedad y lo que hay que hacer es ayudarlos y no imputarlos. La mayoría de los muchachos que cometen delitos son chicos, chicos realmente, que hay que ir a taparlos de noche".

Morales agregó que no se los puede hacer imputables de "un daño que ellos recibieron" y explicó: "Cuando hay un caldo de cultivo para la delincuencia es porque ellos son hijos de los años 90, del genocidio del que fue cómplice buena parte de la sociedad. Son hijos de padres que quedaron sin trabajar y al margen de todo beneficio de esta sociedad".

Los organizaciones convocantes insistieron en que "el delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por los adultos. El crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por adultos y solo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales".

Y expresaron que "la agenda de la política y el Estado en relación a la niñez y la adolescencia debe priorizar la restitución de derechos y la efectiva aplicación de la Ley 26.061 (de protección integral) con la asignación de recursos correspondiente. El espacio asignado a ley penal juvenil, como única solución, es solo una concesión a los demandantes de la criminalización de la problemática social".

Al mismo tiempo, afirmaron que "el actual régimen penal nacional para adolescentes y jóvenes, es obsoleto, estigmatizante y abusivo. Por lo tanto estamos lejos de defender los que hoy existe" e indicaron que "la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza".