De Narváez justificó su postura con un argumento particular: la Justicia "ha ordenado el desalojo y eso no se puede interpretar", motivo por el cual el "Poder Ejecutivo tiene que tomar acciones". Para él, “los ciudadanos nos sentimos indefensos frente a esta condición de que se interpreta si la orden del juez la cumplo o no la cumplo".

El comentario tomó partido en el contrapunto entre el Gobierno nacional y la gestión de Mauricio Macri respecto de la jurisdicción y competencia de cada uno en las tomas de vivienda ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires y la orden de desalojar decidida por el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Desde los ministerios de Justicia y Seguridad se argumentó que el delito de “usurpación” le fue transferido a la Ciudad en febrero de 2008, cuando el Congreso votó la ley de transferencia de competencias penales. Con este fundamento pidió una prórroga para desalojar a las familias y abrir un período de diálogo a fin de encontrarle una salida a la problemática.

La gestión de Macri sostiene lo contrario y pide la intervención de las fuerzas de seguridad con órbita federal, en lugar de la Policía Metropolitana. En la misma sintonía, para De Narváez “el Gobierno (nacional) acepta que valga todo cuando le conviene y esto es una condición que todos los argentinos estamos viendo con temor y preocupación, porque sí está es la forma de gobernar, me parece que nos estamos desintegrando como sociedad".