El camarista había sido acusado de mal desempeño de sus funciones en cinco causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Los casos son previos al golpe de Estado y posteriores a 1983.

Se lo responsabilizó de inacción a la hora de investigar denuncias por tortura y vejaciones en la D2 mendocina, y de haber cerrado en 1987 una causa por robo de bebés de desaparecidos aplicando la ley de Punto Final, cuando la norma no amnistiaba ese delito. Y, además, de haber investigado en 2007 una denuncia contra el jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza, Juan Pablo Saá, de quien era amigo.

Miret estuvo suspendido desde septiembre y había pedido su renuncia al Poder Ejecutivo, quien había postergado su intervención por el jury iniciado por el Consejo de la Magistratura.

El jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina".

"Puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", afirmó el fallo.

La referencia es a un grupo de militantes y delegados sindicales detenidos por la policía mendocina en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde -según relataron en el jury- fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos, precisó la agencia DyN.

Miret debió, "ineludiblemente" como juez de instrucción, formar la correspondiente investigación y al no hacerlo mostró "una conducta incompatible con el ejercicio de la magistratura en un acto de mal desempeño y que podría eventualmente constituir la comisión de un delito", algo que es materia de investigación en la justicia federal de Mendoza.

El jury advirtió que si bien Miret era juez subrogante -su cargo efectivo era defensor oficial- tenía las mismas obligaciones que los magistrados designados en su cargo y tenía "que actuar de acuerdo a la normativa vigente y que establecía la obligación de investigar delitos de su competencia y denunciar aquellos de los que tomara conocimiento".

Miret "dejó librados a su suerte" a los detenidos imputados entonces por delitos de subversión "soslayando el drama del D2 y sin asumir mayores responsabilidades cuando era su deber ineludible hacerlo", consignó el veredicto del jury.

Por voto mayoritario y disidencia de dos consejeros, el senador Eric Calcagno y el diputado Jorge Landau, se descartaron los cargos que enfrentaba por cerrar una pesquisa relativa a una beba robada en la dictadura y que recuperó su identidad 30 años después y por lo ocurrido a Luz Faingold, detenida a los 17 años en febrero de 1976, violada y enviada luego a un instituto de menores por Miret.

El cuerpo estuvo presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.