“Caso Gelman vs Uruguay” es el nombre del fallo fechado en febrero pasado que obliga al gobierno rioplatense a iniciar una investigación y sancionar las desapariciones forzadas, puesto que la Ley de Caducidad local que lo impide "carece de efectos jurídicos".

La sentencia de la Corte fue notificada este miércoles a las partes, indicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que patrocinó a Gelman en su demanda ante la CIDH contra el estado uruguayo por la desaparición de su hija María Claudia y el nacimiento en cautiverio de la hija de la joven.

La CIDH consideró que Uruguay incumplió con "la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos", y exige "la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea".

Además, sentenció que ese país "debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (...) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables".