Vie 25.03.2011

16:00  › HONDURAS

Familiares de detenidos desaparecidos denuncian “terrorismo de Estado”

El Comité de Familiares de Detenidos en Honduras y otras organizaciones denunciaron el "grave" estado de indefensión de los defensores de derechos humanos en ese país y acusaron al Estado de ejercer una política de "terrorismo". La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, aseguró que "no se puede pensar que vivimos en un Estado de derecho, vivimos en un terrorismo de Estado".

La denuncia fue hecha durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que celebra su 141 periodo de sesiones. Según Oliva, los defensores de esos derechos "se encuentran en un estado de indefensión, en una situación grave" en Honduras, porque "no tienen derecho de hacer reclamos sobre las garantías o los derechos violados".

"En Honduras se ha perdido el respeto por la vida y en nombre de la verdad, la justicia, la libertad y la vida estamos aquí", sostuvo Oliva ante los comisionados de la CIDH y el Estado hondureño. "No queremos tener más muertes", agregó. La coordinadora también denunció que en su país la impunidad "existe y persiste" desde el gobierno.

"Queremos tener un Estado de derecho con derechos. No más mentiras, no más persecuciones haciendo uso de instituciones públicas del Estado", afirmó la mujer que apunta contra el presidente Porfirio Lobo, quien llegó al cargo luego de un golpe cívico militar contra Manuel Zelaya.

Por su parte, Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), y Mery Agurcia, de COFADEH, en 2009 y 2010 se registraron en Honduras 675 casos de agresiones a activistas y solo en lo que va de año ha habido 65. Además afirmaron que solo ayer jueves hubo 21 detenciones ilegales y arbitrarias en Honduras, con cuatro menores entre los detenidos.

Las organizaciones también afirmaron que el gobierno de Porfirio Lobo no muestra "voluntad" para proteger a los defensores mediante las medidas cautelares que impartió la CIDH a raíz del golpe de Estado.

Por parte del Estado hondureño, Kelvin Aguirre, de la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y el subprocurador general de la República, Ricardo Rodríguez y abogados del Estadorechazaron las denuncias. Aguirre recalcó que el Gobierno mantiene "un canal abierto de comunicación" con la sociedad civil y los defensores, y aseguró que si hay casos de violaciones de los derechos "se aplicará todo el peso de la ley".

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