La medida implica que Pedraza y sus compañeros seguirán detenidos a la espera del juicio oral y público, aunque aún pueden intentar un nuevo recurso de excarcelación ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. La Sala Primera de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, determinó que la hipótesis de que la agresión a los tercerizados obedeció "al interés político y económico" de Pedraza y Fernández "luce plausible".

Los jueces asignan especial importancia a una comunicación entre "El Gallego" Fernández y el delegado Pablo Díaz -también procesado y detenido en el marco de la causa- de las 13,23 del día del asesinato de Ferreyra. Un minuto más tarde, en un video aportado por la Policía Federal, "se observó a Cristian Favale caminando por las vías férreas".

"A los diez minutos se dio comienzo con la agresión, pudiéndose divisar al grupo de la unión Ferroviaria correr hacia los manifestantes tercerizados que se encontraban a 300 metros de las vías del ferrocarril", añade la descripción.

Favale, el barra brava de Defensa y Justicia procesado y detenido como presunto autor del disparo que mató a Ferreyra, había sido -según la Cámara- "reclutado" por Pablo Díaz. Según el fallo, Díaz "no actuó solo en esto sino que lo hizo junto a Fernández y Pedraza", lo que quedó demostrado en un "reporte casi instantáneo que era dado a los dos" por vía telefónica.

El tribunal también confirmó el apartamiento del perito de parte Roberto Locles de la investigación, en representación del detenido Guillermo Uño. Locles está siendo investigado en una causa paralela por presuntamente haber dañado durante una pericia el proyectil que causó la muerte de Ferreyra, razón por la cual la jueza que tiene a cargo la investigación principal, Wilma López, decidió apartarlo del expediente y denunciarlo penalmente.