Además, Rosales consideró que en la actualidad la Ley de Caducidad "es un tema estrictamente político" pero que lo que "eventualmente pase" con ella "sin duda va a afectar al factor militar". El militar se refirió así a la posibilidad de que el Parlamento uruguayo, con mayoría del Frente Amplio, apruebe una norma que inhabilita la ley, que la ciudadanía ratificó en dos referéndum, en 1989 y en 2009, ya que el oficialismo llamó a votar a favor de la medida a todos sus legisladores. Por eso, varios grupos de ex militares acusaron al presidente José Mujica de incumplir con su palabra de buscar la "reconciliación nacional".

La ley protege a los militares que participaron de la dictadura militar, ocurrida entre 1973 y 1985, al obligar a que el Gobierno y la Corte Suprema autoricen expresamente cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período e impide que la fiscalía pueda actuar de oficio.

Hasta la llegada al poder del izquierdista Frente Amplio en las elecciones de 2005 ningún gobierno uruguayo había autorizado investigar ninguno de esos crímenes. El fracaso en anular la Ley en el referéndum de 2009, que coincidió con las elecciones presidenciales en las que venció José Mujica, fue un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos.

La nueva ley, que ya fue aprobada por los diputados y espera su ratificación en el Senado, pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscriptas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática.