Fuentes de la comunidad que hace seis días lleva adelante una huelga de hambre dijeron que esta mañana se presentaron agentes de la comisaría cuarta con una "intimación al desalojo". Los policías entregaron "una notificación judicial" y les dijeron que si querían dialogar tenían "que dejar la avenida o por lo menos liberar un carril".

Los manifestantes se mantenían esta noche sobre la plazoleta. Y Félix Díaz, el dirigente Qom que encabeza en Buenos Aires el reclamo por tierras en Formosa, aseguró que seguirá adelante con su huelga de hambre aunque lamentó que esa medida extrema "no le interesa a nadie".

Díaz volvió a reclamar a las autoridades nacionales "que nos atiendan" para expresar sus quejas contra la gestión del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán, a quien acusan de ceder a empresarios unas tierras que como no fueron utilizadas por una universidad local los aborígenes reclaman como propias.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo que tras firmar el acta "las autoridades policiales se comprometieron a elevar la nota a sus superiores". "La gente quiere volver a la provincia, tienen su familia, su hábitat", añadió al relatar el cansancio que manifestaban los aborígenes tras cinco días de huelga y más de un mes de piquete.

Pérez Esquivel, quien estaba acompañado por abogados y dirigentes de Proyecto Sur, señaló que se iban a mantener "expectantes hasta el lunes" a la espera de una respuesta de su llamado al diálogo y anunció que ese día, a las 17, ofrecerá una conferencia de prensa.

Los manifestantes acordaron liberar el tránsito en la zona ante la promesa gubernamental que de esa forma podrán iniciar un diálogo para buscar una solución al conflicto en Formosa. Los policías entregaron esta mañana a los manifestantes una notificación judicial de la fiscalía federal 4 para advertirles sobre la contravención que cometían al impedir el paso de vehículos.

Fuentes de la comunidad que lleva adelante una huelga de hambre dijeron a DyN que dos agentes de la comisaría cuarta se presentaron con una "intimación al desalojo", mientras varios efectivos y carros de asalto se ubicaron en las inmediaciones. Los policías entregaron "una notificación judicial" y nos dijeron que "si queríamos dialogar teníamos que dejar la avenida o por lo menos liberar un carril", añadieron los voceros.

La notificación, advirtieron, se realizó "con dos testigos, uno de los cuales es un chico en situación de calle que suele comer con la comunidad" en el piquete. Asimismo, los manifestantes se mostraron preocupados porque tras la notificación judicial la Policía instaló "carros de asalto al costado de la avenida".

Los aborígenes de Formosa, que trajeron a Buenos Aires su protesta ante la falta de soluciones a los reclamos por tierras que planteó al gobierno de Gildo Insfrán, continuaban hoy encadenados y cumplieron su huelga de hambre.

Ayer, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que "el corte no tiene sentido" y consideró "falso e injusto" que "se quiera hacer aparecer al gobierno como insensible" frente al reclamo aborigen de restitución de tierras en Formosa. "Lo que deben hacer, en principio, es terminar con el corte que perjudica a todos. Estamos dispuestos a hablar cuando sea necesario, siempre y cuando estén dispuestos a levantar el corte", afirmó el funcionario nacional.

Los integrantes de la comunidad -que recibieron apoyo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos como el CELS y Amnistía Internacional- se instalaron en una plazoleta de la 9 de Julio a fines de 2010, tras el desalojo de sus tierras y la represión de la policía formoseña.

Si bien el reclamo en el centro porteño tiene presencia hace aproximadamente cinco meses, la decisión de cortar en forma parcial la avenida 9 de Julio fue tomada el lunes para fortalecer el reclamo de la restitución de tierras en la provincia gobernada por Gildo Insfran y una reunión con la Presidenta. El martes pasado se conoció la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhortó al Estado argentino a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los miembros de la comunidad La Primavera e informe "las acciones adoptadas a fin de investigar" la represión ocurrida el 23 de noviembre, ya que en la causa judicial abierta en Formosa los únicos imputados son integrantes de la comunidad indígena.

Además, en el compromiso firmado por la comunidad con el gobierno nacional el 30 diciembre de 2010 se planteó dar soluciones de corto plazo a problemas que afectan a la comunidad como la tramitación de DNI.