"Los miembros de 'La Primavera' han manifestado desde el inicio del conflicto -luego de la brutal represión que sufrieron los días 23 y 24 de noviembre de 2010- su necesidad de ser escuchados por las autoridades federales para arribar a una solución pacífica", señaló el organismo.

El CELS remarcó que "todas las decisiones de la comunidad son tomadas de manera colectiva, mediante asambleas, por lo que no resulta válido cuestionar la legitimidad de sus representantes". Además, recordó que los miembros de la comunidad fueron desalojados "del corte que realizaban en la avenida 9 de Julio en medio de un operativo que incluyó la presencia de más de 100 efectivos de la policía federal, siete patrulleros y un camión hidrante.

"Esa fue la única reacción oficial ante sus demandas", criticó el Cels, que recordó que "la CIDH exhortó al Estado argentino a proteger a los miembros de la comunidad 'contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales' y buscó habilitar una nueva instancia de negociación".

"La criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al Sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios", dijo. Y agregó que las medidas "implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público".