La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contra el lavado de activos, que actualiza el tipo penal y el de financiamiento del terrorismo. A partir de la implementación de la iniciativa "no será necesario que el delito anterior esté comprobado, sino que la sola utilización del dinero sin tener declarado el origen puede ser causa de investigación", agregó José Sbatella a Télam. Por ese motivo, en el código penal quedaría inscripto como un delito autónomo.

Consultado sobre los montos que son considerados sospechosos, el funcionario indicó que "está previsto un umbral que va de los 300 mil pesos en adelante, para el cual hay penas de entre 3 y 10 años de prisión".

"En cambio, cuando el dinero no declarado es menor a esa cifra, las penas son más leves", detalló, a la vez que señaló otra particularidad: "Además se podrá incautar el dinero sospechado no como antes, cuando iba preso el jefe de la organización pero los que le seguían continuaban manejando plata en el circuito ilegal".

Además, la figura de encubrimiento que obligaba a tener comprobado un delito anterior "dificultaba mucho el accionar de la justicia y demoraba todas las causas", indicó.

La iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara alta. El texto acordado contempla además ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

Además, deja en manos de la UIF el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la administración pública, de la prostitución de menores y pornografía infantil.