La Cámara de Diputados dio media sanción anoche al proyecto de ley antilavado por 182 votos afirmativos y seis abstenciones. Su aprobación venía siendo reclamada por el Gobierno para evitar una penalización por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre los bloques oficialistas y opositores hubo consenso sobre la necesidad de tipificar el lavado como un delito autónomo, pero no se pusieron de acuerdo al momento de negociar las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). La oposición logró imponer el número en este último caso y limitó las facultades del organismo de control al restringirle la posibilidad de querellar. Además, sus autoridades deberán ser elegidas a través de un concurso público. Pese a la limitación para querellar, el ministro de Justicia, Julio Alak, igual resaltó ante este diario que “la ley pondrá a Argentina de acuerdo con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado como pedía el GAFI, aunque seguiremos insistiendo en que se ponga fin a los paraísos fiscales”.

La tipificación del lavado como un delito autónomo es un punto central. Con la normativa vigente hasta ahora, si la persona investigada tenía alguna conexión con el delito previo que motivó el lavado, –como ocurre en la mayoría de los casos– se la solía investigar sólo por ese hecho. Eso se debe a que el lavado, es considerado parte del mismo ilícito y sancionarlo equivaldría a aplicar una doble punición. El problema es que muchas veces ese delito previo es difícil de probar y se archiva. Los casos más comunes son los de narcotráfico, robo, corrupción, tráfico de armas y terrorismo.

Por eso el proyecto que obtuvo media sanción incorpora el lavado en el Código Penal bajo un nuevo capítulo, denominado “delitos contra el orden económico y financiero”. Esta era una de las principales exigencias del GAFI, ya que se jerarquiza un bien jurídico protegido nuevo, lo que permitiría aumentar el número de condenas.

En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que podrán ser “reprimidos con prisión de 3 a 10 años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, aquellos que cometieran los ilícitos penados por este régimen”. También quedan comprendidas las operaciones que adquieran apariencia de un origen ilícito, pero que se descubra lo contrario, cuyo valor deberá superar los 300.000 pesos. “Esta ley no es para perseguir el chiquitaje”, había señalado Juan Carlos Vega (CC) durante el debate en comisión.

Las principales diferencias con la oposición estaban planteadas en torno de qué hacer con la UIF. Cuando se comenzó a debatir el tema en el Congreso a fines del año pasado, algunos sectores de la oposición, como la Coalición Cívica, pedían su eliminación y el reemplazo por una Agencia de Inteligencia Financiera, que dependería del Congreso. Esa idea fue rechazada por el Gobierno y parte de la oposición. Además, ni siquiera era vista con buenos ojos en el GAFI. Luego, las posiciones se fueron acercando. Un reclamo de los opositores era que las autoridades de la UIF sean elegidas por concurso de antecedentes y oposición, lo cual fue aceptado por el oficialismo. La diferencia central pasó a ser entonces la facultad para querellar que incorporó el organismo por decreto recientemente. Los opositores rechazan esta posibilidad con el argumento de que puede ser utilizada para perseguir opositores. “Ser querellantes nos da la oportunidad de agilizar los procesos. A veces pareciera ser que los propios integrantes del Congreso jugasen a favor de las sanciones en el GAFI”, indicó a este diario una alta fuente de la UIF.

Con el proyecto que obtuvo media sanción anoche, esa tímida facultad para avanzar con las querellas queda recortada. De seguirse en esta línea, la UIF deberá sugerirle una investigación penal al fiscal general Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero, quien es el encargado de decidir si hay pruebas suficientes para avanzar.

El oficialismo aceptó negociar a último momento con la oposición, ya que la sesión para tratar este tema corría peligro de quedarse sin quórum. Así fue como la oposición aprovechó su circunstancial mayoría y le sacó algunas concesiones al FpV. Entre ellas, el mecanismo para elegir a las autoridades de la UIF. Si bien seguirán siendo una elección del PE, deberá aplicarse un concurso público similar al que se utiliza para elegir a los jueces de la Corte Suprema.