El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.

Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".

"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que 'esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo', y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.

Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.

Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.

En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.