Antes de que se concieran las sentencias, Mario Bosch, querellante por Familiares, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el CELS, afirmó que "el juicio confirmó todas las hipótesis que traíamos con relación a las víctimas, y fueron apareciendo elementos para confirmar sospechas de otras. Surgieron además muchas evidencias sobre el rol de la Justicia federal, el médico de la policía y el área de Inteligencia como para continuar con la investigación".

El rol del Poder Judicial fue uno de los ejes del proceso y de aquí en más será una de las causas que se desprenderán de la causa principal. La querella ya elevó un listado con nombres de quienes deberían ser los próximos imputados. Un caso paradigmático es el del ex juez federal Angel Córdoba, retirado luego de la dictadura y quien “no investigó nada”, dice Bosch en relación con la identidad de los NN. El abogado señaló que, aun considerando que no lo haya hecho porque creía que los militantes eran “atacantes”, debía haberlos identificado: en cualquier investigación un juez investiga al muerto de una banda porque puede conducirlo a los prófugos. Córdoba no lo hizo porque –dijo Bosch– "su objetivo era no investigar: eso lo hacía funcional a la impunidad del crimen".

Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, uno de los militantes asesinados el 13 de diciembe de 1976, asegura que el juicio sirvió "para instalar la verdad porque, más allá de que se sabía de la masacre, ciertos sectores creían en la teoría del enfrentamiento y justificaban la muerte. Con este juicio se pudo probar que realmente lo que pasó fue un fusilamiento".