Anoche, tras reunirse con el presidente José Mujica, el diputado Semproni ratificó que pasado mañana, cuando en la Cámara de Diputados llegue el momento de votar el proyecto, se retirará de la sala, dejando así a su bancada sin la mayoría necesaria para aprobarlo. "No voto ni a pedido ni por mandado, voto por dictamen de mi conciencia y si es necesario inmolarme, lo voy a hacer", advirtió el legislador, al ratificar su negativa a aprobar la iniciativa.

Semproni confesó que pensó en la posibilidad de renunciar a su banca antes de votar en contra, pero no lo hizo porque su suplente terminaría por aprobar el proyecto. "Si lo hacía, corría el riesgo de que se sancionara esta ley que puede causar mucho mal al Frente Amplio", aseguró.

El Frente Amplio cuenta con 50 diputados, pero sin el voto de Semproni igualará en 49 con la oposición, si es que todos los opositores están presentes en el recinto. Si el proyecto fracasa el jueves, deberá convocarse a la Asamblea General, donde la coalición de izquierda no cuenta con los dos tercios para sancionarlo.

Así, la posición del presidente Mujica -respaldada por el vice Danilo Astori y el ex mandatario Tabaré Vázquez- contraria a la anulación de la ley de Caducidad, lograría imponerse por vía indirecta, luego de que el sábado último el Plenario Nacional del FA ratificara el mandato a los diputados a votar el proyecto. La "ley interpretativa" que el oficialismo intenta imponer para anular los efectos de la llamada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado provocó un cisma en las filas oficialistas.

Aún cuando todos los frenteamplistas rechazan la amnistía (de hecho, la ley fue votada en 1986 sólo por legisladores blancos y colorados), algunos sostienen que este proyecto no cuenta con la solidez técnica necesaria. Pero sobre todo, Mujica hizo hincapié en que es muy difícil eliminar por ley una medida que recibió en 1989 y 2009 el apoyo de la mayoría de los uruguayos en sendos referendos.

Frente a este reparo presidencial, quienes defienden la ley interpretativa mencionan que esas consultas se realizaron en condiciones electorales precarias, como el hecho de que quienes no fueron a votar (los referendos no eran obligatorios) apoyaban indirectamente la Caducidad.

La iniciativa para eliminar la impunidad fue aprobada en el Senado, pero con un alto costo político para el oficialismo, ya que un legislador, Jorge Saravia, votó en contra; otro, Eleuterio Fernández Huidobro, lo hizo a favor pero renunció a su banca, y un tercero, Rodolfo Nin Novoa, pidió licencia para no tener que aprobarla.