La Cámara de Diputados de Uruguay comenzó poco después de la 15 a tratar la anulación de la Ley de Caducidad, en un clima de tensión ante la confirmación de que el oficialismo no logrará aprobar la iniciativa y en medio de fuertes medidas de seguridad por la concentración convocada frente al Palacio Legislativo por la central obrera PIT-CNT.

El diputado del Frente Amplio Víctor Semproni, el único de la bancada oficialista que no seguirá la disciplina partidaria, confirmó minutos antes de ingresar al recinto que no acompañará la "ley interpretativa" para anular los efectos de la ley que permitió la amnistía de militares y policías que violaron los derechos humanos, lo que hará fracasar el proyecto por un voto.

Semproni, a quien hasta último momento intentaron convencer sus colegas de bloque y dirigentes de la alianza gobernante, ya redactó la carta que mañana enviará al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, con la que pedirá que lo sometan al Tribunal de Ética partidario por haber "incumplido el mandato imperativo de mi fuerza política", informaron los diarios El País, El Observador y Ultimas Noticias.

Hasta el presidente José Mujica le pidió esta mañana al diputado que vote por el proyecto, pese a que el mandatario comparte el criterio de Semproni de que la ley no puede anularse vía legislativa porque fue ratificada en dos plebiscitos. Mujica, en su audición radial semanal "Habla el presidente", llamó a Semproni a no retirarse de la sala y a acompañar la posición del Frente Amplio "a pesar de su discrepancia" para mantener la "unidad de acción", algo que es de "enorme importancia" para un gobierno.

Mujica sostuvo que el parlamento deberá resolver sobre "una pésima ley que nunca debió haber existido en su expresión, pero poco importa eso", sino que "lo importante es que hay una decisión de la mayoría de la fuerza de gobierno" y que, por disciplina partidaria, "debería ser acompañada".

Ante la segura posición de Semproni, y de no producirse ninguna deserción en las filas de la oposición, la votación quedará empatada y, en ese caso, el camino legislativo será una Asamblea Nacional, en la que el Frente Amplio no cuenta con la posibilidad de reunir los dos tercios necesarios para aprobar la ley interpretativa.

Sin embargo, el oficialismo analiza otras alternativas como un proyecto de ley para que los delitos cometidos durante la dictadura se clasifiquen como de "lesa humanidad" y no prescriban el 1 de noviembre de este año, según explicó el senador Eduardo Lorier. El diputado Luis Puig reseñó que hay un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que condenó al Estado uruguayo por la Ley de Caducidad, por lo que los tres poderes del Estado "tienen que eliminar los obstáculos para alcanzar la justicia".

En caso de que no se logre la anulación, el Frente Amplio maneja la posibilidad de derogar la norma o modificar el artículo 239 de la Constitución, por el cual los fallos de la CIDH pasarían a tener el valor de legislación nacional, indicó el diputado Aníbal Pereyra.

Mientras tanto, en los alrededores del Palacio Legislativo se montó desde temprano un operativo policial con más de cien agentes para garantizar la seguridad ante la concentración convocada por la central obrera PIT-CNT como manifestación de apoyo al proyecto del oficialismo. La convocatoria de la organización sindical incluye un paro general parcial entre la 15 y las 19.