Los abogados Miriam Bregman y Luis Bonomi pidieron "prisión perpetua en cárcel común", entre otros, para los los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta al concluir hoy su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 5. Walsh fue acribillado en la calle, en el barrio porteño de San Cristóbal, el 25 de marzo de 1977, por una patrulla de integrantes del GT 3.3.2, y su cuerpo fue llevado a la ESMA, donde fue reconocido por algunos sobrevivientes. La misma pena fue solicitada para Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Fotea, Juan Antonio Azis, Adolfo Miguel Donda y Raúl Scheller.

Según la reconstrucción del crimen hecha en las audiencias, el periodista y escritor fue interceptado por la patota de la ESMA en la esquina de San Juan y Entre Rios, y cuando intentó defenderse con una pistola calibre 22 fue acribillado por Weber.

Se trata de la tercera querella en pedir las penas más severas para los represores de la ESMA y que reclama que los crímenes cometidos en aquel centro clandestino de detención sean considerados de lesa humanidad y parte de un "genocidio". "No fueron delitos aislados sino aberrantes crímenes dirigidos contra un grupo nacional en el marco de un plan sistemático para destruir al grupo de pertenencia de las víctimas", argumentó Bonomi.

En el caso de Walsh, la querella pidió que se lo considere "homicidio doblemente agravado por la alevosía y el número de autores". Los abogados pidieron, además, que la pena sea cumplida por todos los acusados en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal, inclusive Coronel y Weber, quienes gozan de prisión domiciliaria por tener más de 70 años.

Mientras la querella lo acusaba de genocidio, Astiz se entretuvo jugando al sudoku en una revista de crucigramas que llevó dentro de una carpeta marrón.

Para la semana próxima el TOF5 prevé conceder la palabra al abogado Rodolfo Yanzón, representante de otro grupo de querellantes, y luego será el turno del fiscal Pablo Ouviña, tras lo cual corresponderá que lo hagan los defensores de los imputados.