El ombudsman inició la demanda contra el organismo previsional estatal, ante el aumento de "la litigiosidad en materia previsional" y la "necesidad de contar con información relevante para el análisis de las decisiones" que deba adoptar.

Por eso, la Corte pidió a la ANSES que informe la "cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo de haber inicial" y con "la movilidad de las jubilaciones y pensiones", es decir el primer paso del reclamo de los jubilados aún antes de llegar a los estrados judiciales.

Pero también reclamó que se precise la "cantidad de recursos extraordinarios deducidos en cada uno de los tres últimos años por la ANSES contra las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social", es decir las apelaciones que mantienen demorada en la Corte las sentencias que ordenan pagar a la clase pasiva.

La Corte exigió que se informe la "cantidad de sentencias firmes que ordenan el reajuste de los haberes que se encuentran pendientes de cumplimiento" y en ese contexto, cuántas sentencias "han sido íntegramente cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios fiscales, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación".

La Corte puso la lupa sobre los títulos de deuda con que cobran los jubilados que consiguen que les paguen, puesto que no perciben dinero en efectivo y terminan malvendiendo los títulos en el mercado de valores o muriendo antes de que se cumplan los plazos de pago.

Para analizar las decisiones futuras a tomar, la Corte también pidió la "cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes", y sobre esa base, los "fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en 2011, proporción sobre el total de erogaciones y proyección de casos a liquidar".

De esa manera, la Corte investiga directamente cuáles son los recursos con los que cuenta la ANSES para pagarle a los jubilados y qué impacto tiene ese cálculo en el total del presupuesto previsto para este año. La ANSES dispondrá de 30 días hábiles para responder las inquietudes del máximo tribunal, lo que extiende los plazos a aproximadamente tres meses calendario.

Según las cifras que presentó el titular de la ANSES, Diego Bossio, en el Congreso hay 14.500 sentencias firmes, y la mayoría tiene vencido el plazo de 120 días que estipula la ley para ser liquidadas.

El ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó de "muy importante" la decisión de la Corte de emplazar a la ANSES, mientras que el primer adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, opinó que la medida permitirá a la Corte "tener un panorama exhaustivo de la situación de los reclamos", porque ese tribunal "tiene pendiente de resolver si aplica la sentencia del caso Badaro a todo el colectivo de jubilados y pensionados a los que no le alcanzó esa actualización".