La resolución de la sala II del máximo tribunal penal del país se conocerá mañana a las 12 en Comodoro Py. Es en el marco de la causa que intenta determinar desde hace una década si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron apropiados durante la última dictadura militar. Tras escuchar los argumentos de las partes el jueves pasado, los camaristas darán a conocer su decisión, que no quedaría firme ya que aún puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La audiencia se realizará en el salón Auditorium de Comodoro Py 2002, será de carácter público y se trasmitirá en directo para los canales interesados en obtener la señal. "Pedimos que nos acompañen en nuestro reclamo de verdad y justicia", expresaron en un comunicado las Abuelas de Plaza de Mayo. Para ingresar a la sala no se necesita acreditación previa, excepto para los medios audiovisuales.

Los camaristas Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci, con la intervención de la secretaria Sol Deboli, deberán resolver si avalan o no la decisión de tomar pequeñas muestras de sangre, saliva o cabellos a Felipe y Marcela "con o sin su consentimiento" para obtener un ADN y entrecruzarlo con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand que pertenecen a familias en busca de recién nacidos apropiados en centros clandestinos de detención.

La resolución fue emitida en diciembre pasado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y ratificada por la Cámara Federal de San Martín, pero llegó a Casación ante la negativa de ambos hermanos de entregar las muestras para estos análisis. Según ratificaron sus abogados el jueves pasado, Felipe y Marcela se niegan a que las muestras sean entrecruzadas con la totalidad de las almacenadas en el banco y sólo aceptan el testeo con las de dos familias querellantes en la causa desde su inicio.

En la audiencia del jueves último, la medida de Arroyo Salgado fue respaldada por la fiscalía ante Casación, a cargo de Raúl Plee, quien sostuvo que debe rechazarse la apelación de los jóvenes en sintonía con Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, abogado de una de las familias querellantes. La jueza ordenó la toma de muestras sin consentimiento tras resolver no usar sangre entregada de forma voluntaria por los hermanos en diciembre de 2009 al anterior juez del caso, Conrado Bergesio, por entender que no estaba garantizada la cadena de custodia de esa evidencia.

La causa penal se abrió hace diez años con la denuncia de Estela de Carlotto ante el entonces juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, y desde ese momento se intenta determinar si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín fueron apropiados durante la dictadura . En caso de comprobarse que son hijos de desaparecidos, la empresaria podría quedar acusada del delito de "apropiación", como ya sucedió en otros casos donde hubo condenas penales de cumplimiento efectivo.