El fiscal Carlos López y el abogado de la querella, Alejandro Pschunder, se habían respaldado en el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, para definir la muerte de Bonefoi como homicidio calificado. Además, el abogado había pedido que se incorpore el inciso 2 para remarcar el "estado de indefensión" del adolescente al momento del ataque, ya que el disparo se produjo "por la espalda" y con el joven desarmado.

López había planteado que su pedido de perpetua se basaba en que "Colombil era consciente de que tenía un arma cargada y lista para tirar, a la vez que (el ex policía) confesó saber que el chico estaba desarmado". A eso se suman las pruebas que chocan con la teoría del accidente que intentó imponer la defensa del policía.

Según lo declarado por el ex cabo, él corría a un grupo de chicos por un supuesto hecho de robo. Entre ellos estaba Bonefoi. Por un defecto de la cartuchera, argumentó, llevaba la pistola en la mano. Al trastabillar cuando estaba cerca del joven "se le escapó un tiro". Las pericias descartaron que la cartuchera tuviera esa anormalidad. Ante estas pruebas, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Gregor Joos y Alejandro Ramos Mejía condenaron al capo por "homicidio agravado".

Tras el asesinato de Bonefoi, los vecinos del Barrio Boris Furman realizaron una protesta ante la comisaria y fueron reprimidos por la policía, respaldada por el grupo de élite BORA. Durante esa violenta represión murieron Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.

La investigación por esas dos muertes estaba a cargo del juez de Instrucción Martín Lozada, pero fue apartado como le había ocurrido en la causa de Bonefoi. La recusación la inició la defensa del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y los principales jefes policiales de Río Negro, luego de que los citara a declarar para establecer sus responsabilidades.