El magistrado consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos, entre ellas las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, un número inferior de víctimas por las que había sido procesado en la causa anterior. Poch había sido extraditado el año pasado desde España, donde se desempeñaba como empleado de la aerolínea holandesa Transavia. Había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de esos "vuelos". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones, ante aquellos, testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”.

Para revertir la decisión, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático, el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch.

Ahora, Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. Y expuso que el acusado “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados 'subversivos' para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”.