Según el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, si se aceptan esos condicionamientos sin reparos, los gobiernos corren el riesgo de “que se interrumpa la recuperación de su economía". Los economistas de la ONU advierten que "varios países en desarrollo, especialmente los que se benefician de programas del FMI, también padecen presiones para reducir sus gastos públicos y adoptar medidas de austeridad".

"Es esencial que los gobiernos tomen en cuenta las consecuencias sociales probables de sus políticas económicas" sobre alimentación, salud y educación, para no penalizar el crecimiento económico a largo plazo, insiste el documento.

Si no es así, las políticas económicas de austeridad pueden dar lugar a un "círculo vicioso" formado por un "débil crecimiento y un débil progreso social". "Los países que han implementado sistemas de protección social están en mejor posición para atenuar las consecuencias de los impactos" de las crisis e "impedir que su población se hunda aún más en la pobreza", asegura el estudio.

En cambio, una baja de los gastos sociales tendrá probablemente como consecuencia exacerbar y alargar los efectos negativos de una crisis, por ejemplo en términos de desnutrición, de tasa de abandono escolar y de desempleo de largo plazo, considera la ONU.

El informe denuncia además los llamados en favor de una mayor flexibilidad del mercado de trabajo ya que "viene acompañada a menudo por una baja de salarios y por una degradación de las condiciones de empleo".

"Las medidas de austeridad adoptadas por ciertos países como Grecia y España frente a un excesivo endeudamiento público no solamente amenazan el empleo en el sector público y los gastos sociales, sino también convierten en más frágil e incierta la recuperación" económica, concluyeron los especialistas.