El pedido abrió espacio a un cuarto intermedio, tras el cual la defensa de imputados reclamaron la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Los magistrados también lo rechazaron.

Los acusados son los coroneles retirados Néstor Rubén Castelli y Raúl Lucio Pedernera; Alberto Marasco, por entonces director de la escuela de cadetes; Víctor Lobos, ex jefe de la comisaría de Sierra Grande; Rubén Codina, ex subjefe de la misma unidad policial, así como los ex suboficiales Sixto Navarrete y su hijo Elfio.

Están imputados por detenciones ilegales y torturas de gremialistas Daniel Orlando Avalos y Carlos Apolinario Lima, ex dirigentes de la construcción de Sierra Grande, que fueron detenidos el 5 de abril de 1976 y conducidos a la capital provincial.

Tras el pedido de los abogados a una madre de Plaza de Mayo, se les preguntó a los acusados si deseaban ampliar su declaración, y ante la negativa el Tribunal pasó a la concurrencia de una de las víctimas, Daniel Orlando Avalos, para que concurra a declarar.

En Viedma estuvieron alojados clandestinamente en un calabozo de la comisaría 1ª y en un subsuelo de la escuela de cadetes de la policía, en las afueras de la ciudad, donde fueron torturados. El 22 de junio de 1976, los dos recuperaron la libertad con diversas secuelas físicas y emocionales. Lima, que había perdido la audición en uno de sus oídos, falleció de un ataque cardíaco en abril de 2010.