"El señor presidente ha decidido se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados "estaban contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó Breccia en una rueda de prensa. Según ese artículo la Justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la ley que dejó impunes a los represores. La norma fue aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

Breccia explicó que con el decreto "estamos cumpliendo primero con el mandato ético pero además con lo que establece la sentencia de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos". Fue en referencia a la sentencia en la que el 24 de marzo pasado la CIDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. La Corte instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de las causas".

El funcionario explicó que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos. Asimismo, aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes. "No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.