En opinión de HRW, el gobierno de Barack Obama no cumplió las obligaciones asumidas por Estados Unidos en el marco de la Convención contra la Tortura, de investigar tormentos y otros malos tratos a detenidos. Para el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, hay razones sólidas para investigar a Bush y al resto d elos funcionarios "por autorizar actos de tortura y crímenes de guerra". Roth denunció que Obama "ha considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes", y advirtió que si Washington no impulsa "investigaciones penales creíbles", otros países deberían juzgar a los funcionarios estadounidenses.

En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos "no autorizados". Como resultado, la investigación podría no examinar actos de tortura calificados por Estados Unidos "interrogatorios intensivos", como las prácticas de asfixia por inmersión, ni otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush, pese a que estos actos son contrarios al derecho interno e internacional.

El pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas en Irak y Afganistán. "El patrón de abusos del gobierno de Estados Unidos no fue el resultado de acciones de individuos que rompieron las reglas, sino consecuencia de decisiones hechas por altos funcionarios estadounidenses que decidieron estirar o ignorar las reglas", señala el comunicado.

HRW recuerda que Bush admitió públicamente haber aprobado en dos ocasiones el uso de prácticas de asfixia por inmersión, además de autorizar los programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la CIA, que permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos, trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían torturados.

Acerca de Cheney, el informe señala que fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de someter a asfixia por inmersión a un detenido, Abu Zubaydah, en 2002. Por su parte, Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser considerados "actos de tortura", concluye el informe de HRW.