En una carta a los presidentes de los comités de Asignaciones y de Relaciones Exteriores en ambas cámaras legislativas, el mandatario justificó la medida en virtud de "los intereses nacionales de Estados Unidos". Obama explicó también que el hecho de que se mantenga la prórroga para la aplicación de las sanciones económicas "acelerará la transición a la democracia en Cuba".

El polémico capítulo III contempla inclusive entablar demandas contra las empresas extranjeras que negocien cualquier tipo de acuerdo con empresas confiscadas a ciudadanos estadounidenses por el Gobierno cubano, después del triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.