La marcha, convocada por Democracia Real Ya (DRY), Juventud Sin futuro y más colectivos afines al Movimiento 15-M, tuvo como objetivo reclamar un cambio en la ley electoral y una mayor participación ciudadana en la política española. Al término, muchos de los participantes se concentraron en la Puerta del Sol para debatir sobre la reforma constitucional que PSOE y PP acordaron la semana pasada y que, si nada lo impide, se votará este martes en el Congreso para su toma en consideración y será ratificada el viernes que viene.

El vocero de DRY, Fabio Gándara, reconoció que aunque la protesta no había sido autorizada, de igual manera decidieron llamar a una movilización “respetuosa” en respuesta a una reforma que se llevará a cabo "sin debate, sin informar a los ciudadanos y sin someterse a consulta popular como aconseja la Constitución, y que consideran un ataque frontal al Estado de Bienestar". "Es un atentado contra la democracia ciudadana, porque está impuesta desde la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados financieros. El texto responde a los intereses económicos neoliberales", advirtieron los activistas.

La reforma, promovida en plena crisis de la deuda por el presidente francés Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, fue anunciada el pasado martes en el Congreso por jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, luego de llegar a un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy. En 72 horas, los dos grandes partidos habían cerrado ya los detalles del pacto para modificar el artículo 135 de la Carta Magna para introducir el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica. El pacto PSOE y PP garantiza que la reforma sea aprobada sin referéndum, ya que los grupos opositores no suman el número mínimo de disputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10%.

El gobierno y la oposición aseguran que el objetivo de la reforma es "reforzar la confianza y la solvencia de España" en plena crisis de la deuda soberana que afecta a la zona euro. Sin embargo, la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos. Es la primera vez en 30 años que los dos grandes partidos de España llegan a un acuerdo para reformar la Constitución de 1978.