La Sala III de Casación consideró "mal concedido" un recurso de la Cámara Federal de Paraná para que analice la causa y envió el expediente al juez de primera instancia Gustavo Pimentel, quien ya había decidido no acusar a los asambleístas, informaron hoy fuentes judiciales.

El Gobierno denunció el año pasado a diez asambleístas por los delitos de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento por haber mantenido cortado el puente ubicado sobre la ruta nacional 136 que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos.

Los denunciados fueron en Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.

La Fiscalía de Paraná había pedido la citación a indagatoria de los acusados pero el juez Pimentel consideró que no había mérito para acusarlos. La causa llegó a la Cámara Federal de Paraná que también rechazó citar a los asambleístas y habilitó que Casación se pronuncie sobre el tema.

Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucchi y Gustavo Mitchell consideraron "mal concedico" el recurso de la Cámara por considerar que al no tratarse de una sentencia definitiva no deben intervenir. El tribunal rechazó el recurso "sin entrar en la cuestión de fondo" pero con su fallo dejó vigente la no citación a indagatoria y ordenó que la causa vuelva al juez Pimentel.

Al respecto el abogado Luís Leissa explicó que "la sentencia no era definitiva y en consecuencia no cabía un recurso extraordinario. El recurso extraordinario de casación sólo está reservado a aquellas sentencias que son definitivas".

"Lo que la Cámara está diciendo es que acá no hay elementos; es una derrota del ministerio fiscal porque le dice que interpuso un recurso extraordinario cuando no correspondía y se vuelve a foja cero, al 2010, cuando el procurador del tesoro (Joaquín) Da Rocha, por instancia del Ejecutivo nacional que dictó un decreto, querelló a los asambleístas", recordó el letrado.

"Como no está cerrada la causa, no hay una sentencia definitiva, la causa vuelve a la Cámara federal y por disposición de dicha Cámara va a volver al Juzgado federal", manifestó.

"El Juzgado federal de primera instancia de (Gustavo) Pimentel va a tener que decidir en que consistió la intervención de estas personas a quienes querelló el gobierno, va a tener que eventualmente correrle vista al agente fiscal y ver si se promueve una causa penal", indicó el asesor legal. "No hay elementos, la denuncia del gobierno fue un despropósito, con el único objetivo de amedrentar y acallar la protesta", dijo.

Asimismo señaló que "el objetivo era desalentar la protesta y es por esto que en pocas horas se buscó judicializar el reclamo, querellar a los mismos y afectar el reclamo genuino de la gente".