"Expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar", sostuvo el organismo de derechos humanos, a través de un comunicado.

Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza.

Por el caso fue llevado a un jury en el Consejo de la Magistratura, que lo suspendió en su cargo. Pero un día antes de que esto ocurriera, Romano huyó a Chile y pidió asilo político.

Para Abuelas de Plaza de Mayo, "la cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia" y por eso "esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado".