Lo resuelto por el jurado en la reunión de "emergencia" acelera el inicio de las audiencias, previstas en principio para la segunda quincena de octubre, para alcanzar la destitución y pedir la captura internacional. El viernes pasado, el fiscal general Omar Palermo había reclamado el pedido captura internacional contra Romano, al afirmar que el suspendido camarista ya no cuenta con fueros que lo protejan, decisión que está en manos del juez federal Walter Bento.

Bento fue quien encontró al exjuez como partícipe primario en más de un centenar de casos que van desde torturas, pasando por secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, en el tiempo en el que Romano se desempeñaba como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.

El 24 de agosto, Romano viajó rumbo a Chile, 24 horas antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera en sus funciones. En el país trasandino pidió una visa temporaria que le fue otorgada por ocho meses y, posteriormente, reclamó su condición de refugiado, al considerarse un perseguido en su país de origen.

Mientras la justicia argentina analiza los pasos a seguir, se espera la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, quien por intermedio del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que con Romano se respetará lo que marca la ley para estos casos.

Por su parte, el presidente del máximo tribunal chileno señaló que "se trata de una persona que está pidiendo asilo y hay un mecanismo político para eso. Pero también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos la extradición correspondiente".

Juica recordó que la Justicia chilena sólo podría intervenir en este caso si las autoridades argentinas emitieran un pedido de extradición. "Las garantías procesales son universales y Chile y el Poder Judicial tienen que cumplir con esas garantías. Esperemos lo que decida el Gobierno en esta materia", advirtió.